Camino a Santamarina – Foto de archivo

¿Deliberadamente? ¿Por inoperancia máxima? ¿Corrupción?
Desde que comenzaron a participar en las comisiones de caminos, en el año 1998, muchos productores rurales se preguntaban cuál era realmente el problema de Necochea.
¿Por qué los partidos vecinos tenían buenos caminos rurales y Necochea siempre presentaba dificultades?
Algunos mejor que otros, pero todos con un mantenimiento superior.
En aquel entonces, la tasa por hectárea que pagaban los productores de Necochea no era mucho más elevada que la de los distritos vecinos; incluso, en algunos casos, era inferior. ¿Qué pasó y por qué nunca se logró mejorar?
En determinado momento se conformó una comisión de productores que administró muy bien el área vial rural. Sin embargo, cuando logró consolidarse y brindar un buen servicio, le desafectaron los fondos y eso terminó provocando su destrucción.
Cabe preguntarse si la existencia de un área que funciona bien resulta incómoda porque deja en evidencia las falencias de otras dependencias municipales. No hay una respuesta definitiva, pero es un interrogante que sigue vigente.
En 2008, varios productores rurales comenzaron a analizar la posibilidad de crear una estructura similar a aquella comisión, pero con un sustento institucional diferente. Así nació, a fines de 2009, el Ente Descentralizado Vial Rural, que comenzó a funcionar plenamente en 2010 y luego pasó a ser conocido como Ente Vial Rural (EVR).
La descentralización respecto del municipio tenía como objetivo lograr mayor organización y efectividad en los trabajos, cumplir con las metas de mejoramiento de los caminos y garantizar el pago a los proveedores en tiempo y forma.
Para ello, resultaba fundamental contar con una tasa afectada específicamente al mantenimiento vial rural, que permitiera administrar correctamente los fondos y asegurar que fueran transferidos en los plazos y las cantidades acordadas.
Sin embargo, para ser sinceros, los montos comprometidos casi nunca llegaban en su totalidad.
Aun así, con el tiempo se aprendió a administrar esos recursos y el EVR logró ser muy eficiente durante un largo período. Hubo cambios de gobierno y etapas difíciles, pero se consiguieron superar.
En determinado momento, el 80 % de lo recaudado por la tasa quedaba afectado al mantenimiento vial rural. Posteriormente, comenzó a reducirse ese porcentaje, destinándose alrededor de un 20 % a salud. De lo que quedaba, se transfería el 80 %, que tampoco llegaba íntegramente.
El comienzo del deterioro
Con el actual gobierno municipal comenzó la etapa más preocupante.
Primero se desafectó la tasa con el argumento de la emergencia por COVID-19. La medida, que inicialmente se había planteado por un año, terminó extendiéndose indefinidamente.
Luego se incorporaron los servicios urbanos vinculados al mantenimiento de calles de tierra de la ciudad, bajo el argumento de que esa integración permitiría trabajar con mayor eficiencia. Sin embargo, comenzaron los problemas: el taller dejó de funcionar como antes, la administración se amplió y la organización se volvió cada vez más deficiente.

Posteriormente, se sumaron áreas de Servicios Públicos, Aguas y Cloacas. El resultado fue un desorden creciente y, al no contar con una cuenta afectada, se perdió la posibilidad de controlar con claridad qué fondos se transferían y cuáles no.
La situación actual
El resultado de este proceso está a la vista:
• Maquinarias antiguas y algunas prácticamente obsoletas.
• Caminos rurales destruidos.
• La tasa por hectárea más alta de esta zona del sudeste bonaerense.
• Un presupuesto muy reducido para la reparación de caminos mediante contratistas.
• Desorganización y falta de criterios claros en la planificación y ejecución de los trabajos.
Se trata de una involución total, una situación que algunos productores ya habían conocido muchos años atrás y que parecía haber quedado superada.
Actualmente, un grupo de productores rurales lleva adelante acciones judiciales contra el municipio para obtener información clara y documentada sobre el destino de los fondos recaudados. El objetivo es acceder a datos verificables y no a informes que, a criterio de los productores, no reflejan adecuadamente el movimiento de los recursos.
Es importante recordar que una tasa municipal destinada al mantenimiento de los caminos rurales no es un impuesto general: se paga en contraprestación por un servicio determinado.
En este caso, los productores sostienen que ese servicio no se está cumpliendo.
Las acciones judiciales avanzan con dificultades y es sabido que estos procesos llevan tiempo.
Mientras tanto, los fondos provenientes de las tasas no llegan de manera adecuada y no existe información suficiente sobre su destino.
La cobrabilidad ronda el 75 %, una cifra que debe analizarse en el contexto económico actual.
Las dificultades para trasladar granos y hacienda por caminos destruidos complican la actividad productiva y, en muchos casos, impiden concretar ventas. Muchos productores regularizan sus cuotas a fin de año, a principios del siguiente o mediante moratorias. Históricamente, esta dinámica ha sido habitual y no puede utilizarse como justificación para explicar las deficiencias del sistema.
A esto se suma el aporte que realizan los productores mediante las guías para el movimiento de hacienda. Tampoco existe claridad sobre el destino de esos recursos, cuyo propósito original estaba vinculado a la reparación de caminos rurales afectados por el traslado y arreo de animales, una práctica que prácticamente ya no se realiza de la misma manera.
Asimismo, persisten dudas acerca de la correcta utilización de los fondos destinados a salud.
Un panorama preocupante para todo el distrito
En los últimos tiempos comenzó a hablarse de un aporte del puerto para los caminos rurales y de la apertura de canales que permitan evacuar el agua acumulada tras las intensas lluvias. Sin embargo, la falta de operatividad ha impedido resolver problemas que continúan agravándose.
La zona costera presenta una situación especialmente delicada y los pronósticos de nuevas lluvias generan una perspectiva desalentadora, no solo para la costa, sino también para el resto del partido, dadas las condiciones actuales de la red vial rural.

Los productores reconocen que existen dificultades en numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, resulta difícil comprender por qué Necochea presenta un estado tan crítico cuando está rodeada de partidos que mantienen sus caminos en condiciones considerablemente mejores, incluso con tasas cuyo valor, en algunos casos, representa aproximadamente la mitad de la que se paga en Necochea. Los ejemplos más cercanos son San Cayetano, Tandil, Benito Juárez y Lobería.
La necesidad de una decisión política
Los productores rurales seguirán intentando recuperar todo lo que se ha deteriorado. Sin embargo, esa tarea será prácticamente imposible si no existe una decisión política firme de modificar el rumbo, ordenar la administración, transparentar el manejo de los recursos y devolverle al mantenimiento vial rural la prioridad que merece.
Actualmente, existe un intento de diálogo con las autoridades municipales. Se espera que esa instancia sirva para encontrar soluciones concretas y no para postergar los problemas, trasladar responsabilidades o atribuir las dificultades exclusivamente a terceros o a otras circunstancias.
La situación exige responsabilidad, transparencia, planificación y decisiones que estén a la altura de las necesidades del sector productivo y de toda la comunidad.
Los caminos rurales son fundamentales para la producción, el traslado de la hacienda, la educación, la salud y la vida cotidiana de quienes habitan el campo. Su mantenimiento no puede quedar sujeto a promesas ni a discusiones interminables sobre responsabilidades.
Necochea necesita recuperar sus caminos rurales y garantizar que los recursos aportados por los productores se destinen al servicio para el cual fueron recaudados.
Asimismo, los productores autoconvocados consideran fundamental que el mantenimiento de los caminos rurales se convierta en una verdadera POLÍTICA DE ESTADO, sostenida a través de los distintos gobiernos municipales, más allá de los cambios de gestión o de las diferencias políticas. Los caminos rurales son una infraestructura esencial para el desarrollo productivo y la vida de toda la comunidad, por lo que su mantenimiento, la correcta administración de los recursos y la transparencia en su utilización deben constituir un compromiso permanente, y no depender de la voluntad de cada gobierno de turno.
La pregunta sigue abierta: ¿habrá voluntad política para cambiar esta realidad?
VEREMOS.
PRODUCTORES AUTOCONVOCADOS